15 de octubre de 2010

Manifestación en Asamblea. Ley de Servicio Cívico. Industria de la "cautelar".

En la última Asamblea de Derecho (08/10) hicimos una breve alusión a ciertas cuestiones actuales, vinculadas a lo parlamentario que nos preocupan como estudiantes de esta carrera. En un gesto de consenso adhirieron a esta manifestación los compañeros del Movimiento Universitario Evita.


“Ultimamente se ha estado hablando mucho de "inseguridad". Desde la canalla mediática por ejemplo, se nos ha machacado hasta el infinito con el caso del joven secuestrado que murio a manos de sus captores, sin hacer mucho énfasis en que murió porque al escapar, ninguno de los vecinos "preocupados por la inseguridad" se preocupó en auxiliarlo, porque creyeron cuando sus secuestradores gritaron que era un ladrón y no les pareció tan mal que a un ladrón se lo metan a los golpes en un auto sus supuestas víctimas para ser castigado. Vivimos en una sociedad donde desde los medios se nos indica que debemos olvidarnos de los derechos humanos, y vaya que los televidentes están haciendo caso...


Queremos reafirmar en esta Asamblea la necesidad de políticas sociales integrales y universales que vayan a generar una ciudadanía plena, con acciones hacia la niñez y juventud basadas en el ciudado, la protección social y restitución de derechos, y dejar atrás estos postulados arcaicos de estigmatización, segregación social y profundamente discriminatorios de políticas de encierro para pobres como es este mamarracho de proyecto del "Servicio Cívico Voluntario".


Desde Oktubre no podemos permitir esta lectura parcial y perversa de la realidad social de nuestro país, donde en lugar de garantizar a nuestros chicos y jóvenes derechos de ciudadanía universales de protección social, educación y salud por el sólo hecho de ser personas, se busca darles una respuesta pensando nuevamente las políticas sociales como políticas para marginales, donde se esbozan reglamentos medievales enmascarados de "política de seguridad".

Rechazamos definitivamente la Ley de Servicio Cívico Voluntario, expresión última del ideario reaccionario de los legisladores que la impulsaron, por ser anacrónica, técnicamente desastrosa y humanamente lamentable. Nuestros niños y jóvenes en realidad son víctimas de un sistema social injusto, excluyente y criminal.


No podemos permitir que se siga legislando priorizando la discriminación, la estigmatización, el encierro o los supuestos derechos penales de los niños y jóvenes "en riesgo", cuando se debería poner el énfasis en que los chicos no pasen hambre, en su cuidado en salud y protecciones sociales integrales dentro de sus familias, hogares o espacios públicos de contención y búsqueda de equidad.

Los chicos y jóvenes en realidad no deben ser encerrados en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, ya que no tiene nada que ver con una concepción de derechos sociales ni simbólicamente con espacios públicos de protección. Las mismas FFAA rechazan la aplicación de esta ley.


Los jóvenes no necesitan disciplina cuartelaria. Si queremos verdaderamente combatir la inseguridad, combatamos sus causas y no sólo la contingencia: profundicemos las medidas redistributivas, pensemos un proyecto de país inclusivo.


Desde el campo popular seguimos exigiendo políticas públicas universales de protección social y salud. Vamos a hacerle frente a estas medidas de corte represivo que nos quieren imponer exigiendo priorizar el cuidado y la vida de los jóvenes. En este sentido reafirmamos el valor inclusivo de medidad como la AUH, que debemos luchar para seguir profundizando.

No nos debemos dejar engañar cuando dicen que se ocupan de los problemas de la niñez y la juventud, porque lo que están haciendo es pensar problemas sociales desde políticas de cercenamiento de derechos, de segregación social, de discriminación negativa y nosotros exigimos políticas públicas de inclusión y protección social para todos los niños y jóvenes de Argentina por igual.


Rechazamos esta ley absurda, ridícula, hecha para la tribuna de la clase media con el control remoto clavado en TN que clama sangre de pobre, sin ningún tipo de discusión abierta o información previa a la sociedad, fabricada sin buscar consensos; a diferencia de, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, discutida durante meses en los más variados foros, con un alto grado de participación de movimientos sociales. Ley que no casualmente sufrió embates de todo tipo, incluso los manotazos de ahogado judiciales que representaron las medidas cautelares a las que fue sometida, lo que nos lleva al segundo tema de esta breve exposición:


Que hoy se debata calidad institucional en Argentina es importante.

Que se use ese debate como vehículo para imponer intereses de aquellos que viven en constante fricción con el sistema democrático es cuanto menos preocupante.

Como estudiantes de Derecho y futuros operadores jurídicos creemos que es importante prestar atención a hechos que han puesto de relevancia en los últimos meses la necesidad de una profunda reforma dentro del sistema judicial argentino.


En una sociedad democrática sólo debería haber lugar para expresiones democráticas. Así como hablamos de la importancia que tiene el cambiar leyes sancionadas por aquellos usurpadores militares que nunca tuvieron el derecho para hacerlo, es importante que rompamos de una vez por todas con la omertá judicial que permite que magistrados que juraron bajo el estatuto del proceso interfieran con el curso de las medidas creadas en el seno del Congreso.


Me refiero más concretamente a la gravedad institucional que representa el interponer recursos judiciales como vía para bloquear leyes sancionadas por los representantes del pueblo que chocan con la idea de país que al poder real le conviene.

La "cautelar fácil", la "industria del amparo" se hizo moneda corriente dentro del ejercicio político de estos días. Jueces que brillaron como apologistas y liberadores de los genocidas, intentan tapar el sol con medidas cautelares desnaturalizadas.


Nuestro sistema es de control judicial de las leyes. Pero ese control no funciona como una "segunda opinión" sobre el tema que resolvió el Congreso, sino que está atado a un esquema de restricciones procesales y cargas argumentativas que vinculan a las partes y a los decisores, de modo que las intervenciones de los jueces deben justificarse con pruebas y argumentos estrictamente constitucionales debatidos en cada juicio.

La declaración de inconstitucionalidad es el último remedio al que debe acudir un juez, pues las leyes gozan de presunción de legitimidad por haber sido dictadas en el ámbito natural de la toma de decisiones colectivas: el recinto legislativo.


Creemos que no se cumple con esos requisitos en los casos de medidas cautelares que frenaron artículos de la Ley de Medios, resoluciones de la Autoridad Federal de Aplicación de esa normativa y la disposición número 100 de la Secretaría de Comunicaciones que dictó la caducidad de la firma Fibertel como proveedora de Internet. Creemos que la Justicia no puede servir como instancia defensora de un bloque que perdió una votación. Creemos que es hora de que nos demos cuenta que los políticos que echan mano a estas argucias están violando la voluntad popular y que nos tenemos que levantar contra eso, más allá de las consideraciones morales de su doble discurso, hablando de la falta de institucionalidad y seguridad jurídica y luego sumando a ellas.


Si la excepcionalidad que deben tener estas medidas se flexibiliza de modo arbitrario y se adoptan medidas paralizantes de la actividad del Estado, sin un análisis responsable de los requisitos exigidos por la ley para la concesión de estas medidas, sólo se contribuye al deterioro del sistema judicial, a la pérdida de seriedad del mismo y a la derrota de la racionalidad en la arena política.

Fogoneados por payasos mediáticos y chamanes jurídicos a sueldo, vemos a legisladores de la oposición marchar a Tribunales con un amparo bajo el brazo cada vez que pierden una votación. Es hora de que terminemos con las farsas y aprendamos a perder. Es hora de que digamos NUNCA MAS nuevamente. Nunca más dejemos que se pisotee la voluntad popular. Hablemos de real calidad institucional, hablemos en serio, y colaboremos a fortalecerla.

Muchas gracias”