Por Patricio Etchegaray
En los próximos días estaremos presentando en el Congreso un proyecto propiciando tanto la anulación de la Ley Nro.26268, conocida como Ley Antiterrorista, como de las modificaciones al Código Penal que ella estableciera.
Hacemos esto con la convicción de que esa norma no responde a ninguna de las problemáticas realmente existentes en nuestro país y que sólo obedece a los intereses del imperio de controlar y contar con herramientas represivas en la región.
Hemos denunciado reiteradamente que la misma fue elaborada e impulsada por el gobierno de los EE.UU. y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) creando una nueva figura denominada “Acción Ilícita Terrorista” con el objetivo de limitar, restringir y penalizar las actividades de múltiples organizaciones populares.
Esta iniciativa surgió del documento “La nueva estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, también conocida como “Doctrina Bush”, que fue pergeñada en el marco del proceso que se desarrolló a partir de los atentados de las Torres Gemelas.
Esta doctrina es una actualización agravada de la elaborada durante la “guerra fría” y el “macartismo” que, como es sabido, fue utilizada para promover guerras, intervenciones y golpes de Estado a diestra y siniestra en escala mundial, haciendo escarnio del Derecho Internacional y las Soberanías Nacionales. Particularmente en América Latina y el Caribe promovieron feroces dictaduras genocidas y la coordinación represiva con la Operación Cóndor. Aún perduran en nuestro país las secuelas de las criminales violaciones de los Derechos Humanos y de las políticas económicas aplicadas a su amparo, como en nuestro continente perdura el infame bloqueo al que está sometida Cuba desde hace 40 años.
La llamada “Nueva estrategia de Seguridad Nacional” incorporó el concepto de la “guerra preventiva” como prerrogativa propia de los EEUU que, además, se autoasigna el “derecho divino” de determinar quienes representan el bien y quienes integran el “eje del mal”, es decir sus supuestos enemigos, en particular aquellos países que cuentan con reservas de petróleo, agua, minerales y otros recursos naturales estratégicos. Se suele decir que “la fuerza es el derecho de las bestias” y no hay duda que bien lo aplican hoy los EEUU.
Con un cinismo inconcebible desata guerras con pretextos totalmente falsos, como la búsqueda en Irak de armas químicas o nucleares inexistentes e intentos de captura del inasible Bin Laden. Pretenden que olvidemos que fue EE.UU. quien armó generosamente al ex dictador Sadam Hussein para la guerra contra Irán (que entonces había nacionalizado su petróleo). También entrenaron y armaron a Bin Laden para que peleara contra las tropas rusas. Estos personajes pasaron de “patriotas” a “enemigos” según la conveniencia de los intereses de los EEUU.
En su cruzada internacional “antiterrorista” invadieron Afganistán e Irak provocando la muerte de cientos de miles de personas inocentes. Han instrumentado, a través de la CIA, secuestros de centenares de personas, cárceles clandestinas en muchos lugares del orbe, torturas y vejaciones a miles de detenidos sin procesos ni defensas manteniéndolos por años en un limbo jurídico, como en el emblemático presidio de Guantánamo, incluyendo mujeres y menores de edad.
Al mismo tiempo el imperio se niega a reconocer el Tribunal Penal Internacional que podría juzgarlos por crímenes de guerra y exigen inmunidad para sus tropas en cualquier lugar del mundo.
Repetimos: es increíble el cinismo imperialista yanqui que mientras comete estas espantosas acciones, pretende seguir presentándose como adalid de la libertad y la democracia, y a pesar de la escasa o nula credibilidad que le resta, sigue adelante con su pretensión de lograr cómplices para sus políticas deleznables y criminales, presionando con sus exigencias y chantajes, como es el caso que pretendemos anular con el presente proyecto.
En nuestra opinión lo que sí debería preocuparnos es la defensa y preservación del Acuífero Guaraní, que está en la mira de EE.UU., so pretexto de la presencia de terroristas en la Triple Frontera que nadie jamás descubrió.
También debiéramos preocuparnos por los acuerdos con Colombia respecto a las bases militares, declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de ese país, por las andanzas de la IV Flota yanqui en la región con los objetivos de ayudas humanitarias, de la militarización de la región so pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y el de mantener el control estratégico de nuestros mares circundantes
¿Será simple “casualidad” que luego de 58 años de inactividad la IV Flota regrese a la región precisamente cuando en la misma se entronizaron gobiernos progresistas, que defienden la integración e independencia y la autodeterminación y buscan la recuperación o defensa de sus recursos naturales?
Conviene que estemos alerta y nos defendamos de estos planes imperiales, que son la verdadera amenaza que nos acecha.
Es en este contexto y por estas razones que exigimos la anulación de la Ley 26268.
